El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que incluye un nuevo gravamen del 8% para los videojuegos considerados “violentos” o no aptos para menores de edad, medida que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026. La propuesta forma parte del Paquete Económico 2026 impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, y se aprobó con 337 votos a favor y 126 en contra, en medio de una sesión marcada por la polémica.
Según el dictamen, el impuesto busca “combatir la violencia” en el país, partiendo de la idea de que los videojuegos violentos pueden tener alguna influencia en los comportamientos agresivos. Sin embargo, el propio Secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, reconoció que el impacto económico será mínimo, con una recaudación estimada de apenas 183 millones de pesos, por lo que varios legisladores han calificado la medida como simbólica y sin sustento científico.
La oposición señaló que el nuevo IEPS sienta un precedente peligroso al vincular entretenimiento digital con violencia social. Diputadas como Patricia Elizondo (Movimiento Ciudadano) calificaron la medida de “absurda y recaudatoria”, subrayando que “gravar videojuegos no acabará con la violencia” y que la medida solo afectará el bolsillo de los jugadores. También criticaron la falta de claridad en torno a cómo se definirá qué juegos serán considerados violentos, ya que el texto no especifica si el impuesto se aplicará a títulos clasificados como M (Mature) o 18+, ni si alcanzará a servicios como Game Pass, PlayStation Plus o Nintendo Switch Online.
El impuesto se enmarca en una reforma más amplia que también incrementa gravámenes a bebidas saborizadas, cigarros y juegos de azar, con el argumento de desincentivar el consumo y recaudar fondos para programas de salud y seguridad. Sin embargo, en el caso de los videojuegos, el gobierno federal insistió en que no se trata de un impuesto recaudatorio, sino de una estrategia para “frenar la exposición de los jóvenes a contenidos violentos”.
Pese a la controversia, el proyecto fue turnado al Senado de la República, donde se espera una nueva discusión antes de su promulgación. Si se aprueba sin cambios, México se convertirá en uno de los pocos países del mundo en aplicar un impuesto especial a los videojuegos por su contenido violento, abriendo un debate sobre la censura, la libertad creativa y la responsabilidad del entretenimiento digital en la sociedad.
