El gobierno de México ha cancelado oficialmente el impuesto del 8% a los videojuegos considerados violentos que estaba previsto para entrar en vigor en 2026. La medida, anunciada inicialmente en septiembre de 2025 como parte del Paquete Económico, generó una fuerte polémica dentro de la industria y entre la comunidad gamer, convirtiéndose rápidamente en uno de los temas más discutidos del año.
Durante su conferencia matutina del 23 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gravamen no se aplicará. En su lugar, el gobierno federal apostará por campañas nacionales de concientización enfocadas en la prevención de la violencia y la promoción de una cultura de paz entre jóvenes, dejando de lado la vía fiscal.
Uno de los principales motivos para descartar el impuesto fue la dificultad de definir con claridad qué constituye un “videojuego violento”. Sheinbaum señaló que no existe un criterio técnico o legal sólido para hacer esa distinción, lo que complicaría tanto su aplicación como su supervisión. Además, el estudio utilizado para justificar la medida fue cuestionado por carecer de rigor científico y no demostrar una relación directa entre videojuegos violentos y conductas agresivas.
La cancelación fue celebrada ampliamente en redes sociales, especialmente en un contexto donde el gaming ya enfrenta aumentos constantes en precios, servicios de suscripción y contenidos adicionales. Para muchos jugadores, el impuesto habría convertido a los videojuegos en un producto aún más inaccesible.
Aunque la iniciativa fue descartada en México, el debate no está cerrado a nivel global. El caso deja un precedente importante sobre cómo los gobiernos abordan la relación entre videojuegos y violencia, y refuerza la necesidad de discusiones basadas en evidencia antes de aplicar medidas regulatorias.
