El Gobierno de México incluyó en el Paquete Económico 2026 una propuesta para gravar con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los videojuegos violentos, extremos o para adultos. La medida plantea un impuesto del 8% que aplicará tanto a copias físicas como a servicios digitales de acceso o descarga, incluso para compañías extranjeras sin registro en el país. Se estima que en su primer año generaría una recaudación de 183 millones de pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la iniciativa como un esfuerzo preventivo para proteger a los menores, destacando que no busca prohibir la adquisición de estos títulos, sino que funcione como un instrumento para inhibir su consumo. Según la propuesta, el impuesto busca incentivar en los consumidores una reflexión sobre el contenido que adquieren y promover un consumo más informado, especialmente en títulos clasificados C y D.
En el documento, Hacienda argumenta que diversos estudios muestran una fuerte presencia de videojuegos violentos en el mercado mexicano. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2024, el 26% de los jugadores en el país consume títulos de disparos y el 25% de peleas. Entre niñas y niños, la cifra también es alta: 17% y 26% respectivamente. La dependencia advierte que, pese a su clasificación, estos juegos son accesibles a menores a través de descargas digitales, superando el control de los adultos.
En lo legal, la propuesta plantea modificar el artículo 2 de la Ley del IEPS para considerar a los videojuegos con contenido violento como objeto gravable, además de crear el artículo 5-A BIS para obligar a las plataformas digitales a retener el impuesto, y el 20-A, que impondrá obligaciones a prestadores extranjeros como registrarse ante el SAT y designar representante legal.
La industria mexicana de videojuegos superó en 2024 los 2,300 millones de dólares con más de 76 millones de jugadores, colocándose como el décimo mercado mundial y el primero en América Latina. El nuevo impuesto, de aprobarse, no solo encarecería títulos de acción y disparos, sino que también impactaría servicios de suscripción como Xbox Game Pass, PlayStation Plus y Nintendo Switch Online, afectando directamente a millones de usuarios.
